10.000 millones de dólares los daños a empresas norteamericanas por la reforma eléctrica de López Obrador

Washington acusa a México en una carta de “trato arbitrario” y avisa de posibles denuncias por violación de los preceptos del tratado de libre comercio

López Obrador junto a John Kerry y Ken Salazar, durante su encuentro en el Palacio Nacional el pasado 31 de marzo.

López Obrador junto a John Kerry y Ken Salazar, durante su encuentro en el Palacio Nacional el pasado 31 de marzo.PRESIDENCIA DE MÉXICO (AFP)
David Marcial Pérez

La preocupación de Estados Unidos con la reforma eléctrica mexicana ya tiene cifra: más 10.000 millones de dólares. Es el daño que el Gobierno estadounidense calcula para sus empresas de seguir adelante con los cambios planteados en la política energética por Andrés Manuel López Obrador. Así se desprende de la carta enviada en persona por la representante comercial de EE UU, Katherine Tai, a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, durante el encuentro diplomático celebrado el pasado jueves en el Palacio Nacional, según ha revelado el diario Reforma. La visita de la delegación estadounidense, encabezada por el enviado de la Casa Blanca para el Clima, John Kerry, terminó sin avances sustanciales pese a la postura cada vez más crítica de la Casa Blanca, que ya ha puesto sobre la mesa las posibles violaciones del tratado de libre comercio (T-MEC).

El mandatario mexicano apuntó el jueves que el texto íntegro de la iniciativa legislativa, que permanece estancado en el Congreso ante la negativa de la oposición de conceder los votos necesarios para su aprobación, había sido compartido con la delegación estadounidense. Washington se pronunció el día siguiente a través de un comunicado de la Embajada, que indicaba que “reiteraron las importantes preocupaciones que los Estados Unidos han planteado sobre los cambios en la política energética de México, tanto la enmienda constitucional propuesta como los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica”.

Más allá del posible cambio constitucional, bloqueado por ahora, la segunda vía de Morena para lograr de facto los cambios deseados sin necesidad de contar con el rocoso apoyo de la oposición pasa por la Suprema Corte de Justicia. El máximo tribunal mexicano tiene en su mano el aval a los cambios ya efectuados en La ley de la Industria Eléctrica y que fueron impugnados por varias empresas. La respuesta de la Corte está prevista para este martes.

El comunicado estadounidense del viernes respondía a la postura del presidente mexicano, que anunció que la iniciativa no sería modificada pese a los reclamos tanto de la oposición como de las empresas involucradas. La postura del partido oficialista se ido flexibilizando en todo caso con el paso de los días. El lunes, ante el cierre de filas de la oposición, y en particular del PRI, que anunció que no votaría el texto según su redacción actual, parlamentarios de Morena abrieron la mano a posibles cambios.

El contenido de la carta de la representante comercial añade más presión y eleva el tono un par de escalones: “Desafortunadamente, aunque hemos tratado de ser constructivos con el Gobierno de México al abordar estas preocupaciones, no ha habido cambios. Las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato arbitrario y más de 10.000 millones de dólares en inversiones estadounidenses en México, la mayoría en instalaciones de energía renovable, se encuentran en riesgo ahora más que nunca”.

La misiva hace referencia, en tono de advertencia, también a los mecanismos de resolución de conflictos que establece el tratado de libre comercio. “Consideraré todas las opciones disponibles bajo el T-MEC para atender estas preocupaciones. Por lo tanto, insto a su Gobierno a que suspenda estas acciones preocupantes y asegure que los derechos de los inversionistas y exportadores de EU estén protegidos”.

La reforma eléctrica, cuya votación está prevista para Semana Santa, busca desmontar el modelo vigente y conceder a una empresa del Estado —la Comisión Federal de Electricidad (CFE)— la gestión mayoritaria del mercado. Los cambios son polémicos porque pretenden limitar la participación privada y priorizan las plantas de combustibles fósiles de la CFE ante las inversiones en renovables de las empresas privadas.

La postura de EE UU se ha ido endureciendo con el paso de los meses. El embajador Salazar optó a principios de año por jugar la carta de la diplomacia y mantuvo reuniones con dirigentes de Morena, el partido que sostiene al Gobierno, para sondear la posibilidad de negociar algún cambio. En febrero, sin embargo, Kerry elevó el tono tras su reunión con el canciller Marcelo Ebrard al pedir a México “fortalecer un mercado abierto y competitivo”. Unos reclamos que fueron secundados tanto por la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, como por el embajador, Ken Salazar.

Fuente: El País