Reforma eléctrica mexicana e incumplimiento de Acuerdo de París
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La actual administración mexicana recibió dos golpes en plena cara: su pretendida transformación normativa del sector eléctrico no fue lo que esperaban sumada, que es peor, a que México no cumplirá con el Acuerdo de París en reducción de uso de fósiles y consiguientemente reducción de emisiones de CO2.

Hubo una reforma energética en 2013, con todos sus errores y aciertos planteó un rumbo al sector que es matricial para la economía de cualquier país, especialmente México cuyos “brazos operativos” sectoriales, por así denominarlos, son las gigantescas estatales petrolera Pemex (Petróleos Mexicanos) y CFE (Comisión Federal de Electricidad), como empresas productivas del Estado, directamente competidoras contra compañías privadas mucho más grandes, con mayor capacidad financiera y mejores modelos de gestión.

Caso CFE es una empresa paraestatal que distribuye y transmite electricidad de forma exclusiva, sin que necesariamente signifique que atiendan toda la demanda.

México es parte de un tratado T-MEC, con Canadá y Estados Unidos, y específicamente en tema energía ese tratado incentiva que capitales privados puedan generar y comercializar electricidad. Recientemente la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, manifestaron al gobierno mexicano “preocupaciones sobre su política energética” porque la actual administración de López –o AMLO- busca revertir la reforma de 2013 y toda la arquitectura legal que permitió participación privada en el mercado energético y pretende ahora, motivado por un discurso populista, aumentar el control y presencia del Estado con Pemex y CFE en el mercado energético.

La nueva reforma busca –ciertamente- fortalecer financieramente a CFE y Pemex ambas aquejadas con serios problemas contables, como toda empresa estatal y porque arrastran pérdidas por subsidios desde hace años, tienen plantas antiguas, planillas de personal elevadas, tecnología que necesita urgente renovación y modelos de ahorro e inserción a nuevas energías para incentivar ahorros propios de sus operaciones. La reforma le dará prioridad a CFE para despachar primero la energía más barata a su alcance y sin la obligación de participar en las denominadas subastas que es un mercado en donde gana la energía menos costosa producida. Obviamente el estado –CFE- echará mano de electricidad generada en base fósil. Y ello será una competencia, por decir lo menos desleal, con los generadores privados que encima de ello están tratando de consolidar modelos de generación vía renovable asumiendo los costos de esa transformación tecnológica.

Cualquier reforma energética actual que contemple el resurgimiento de nuevos monopolios no tendría el impacto ni resultados esperados en una sociedad cada vez más global en donde los mercados exigen eficiencia y rapidez a menores costes más aún cuando la inversión privada extranjera es importante para el sector que enfrenta, nos guste o no, un nuevo desafío y paradigma: si bien no digamos que llegó el ”fin” del petróleo pero no es menos cierto que estamos empezando los prolegómenos de una emergencia de una industria renovable que cada vez es menos costosa de operar y ese es el nuevo paradigma de la resiliencia global, porque hay, además, acuerdos internacionales que respetar para reducir emisiones.

La mentada Ley de la Industria Eléctrica “eliminaría la competencia en todos los eslabones de este sector económico, por lo que es posible anticipar que la brecha de incumplimiento sea aún más pronunciada”, sentenció la Comisión Federal de Competencia Económica.

Me adscribo a éste análisis que trascribo: “En el gran pastel de la electricidad en México, darle más rebanadas a la CFE le quitará rebanadas a la inversión extranjera, enfocada en la generación de energía limpia. Es decir, afecta la libre competencia…” (análisis de Cluster Industrial, la revista automotriz mexicana)

Otro dato que llevó a los comercializadores de gas natural a entrar en paro en México es que, a inicios de julio, el presidente del país, siguiendo su retórica populista, anunció la creación de un órgano público (más burocracia), llamado “Gas Bienestar”, que prevé suministrar gas a un ficticio y dijera hasta subvencionado «precio justo» que naturalmente sería un competidor contra el sector privado, competidor, pero con ayuda estatal. Así es fácil competir.

Volvamos: la Ley de la Industria Eléctrica está bajo entredicho judicial mediante amparos y eso impide su aplicación.

Adicionalmente a la imposibilidad de que esa ley se aplique, por los argumentos expuestos, recientemente la Comisión Federal de Competencia Económica advirtió que “México incumplirá la meta a la que se comprometió en el Acuerdo de París para alcanzar 35% de generación de energía limpia para 2024, ya que solo logrará 29,8% debido a que la administración mexicana no le está dando la importancia debida a las renovables”. En todo caso, hay un claro interés de desincentivar la industria eléctrica generada desde solar y eólica.

Antes México gozaba de autoabastecimiento de energía, obviamente por el transcurso del tiempo y reducida inversión tecnológica sus plantas fueron envejeciendo y requieren nuevos modelos de gestión e inversiones para producir energía limpia, que debe certificar el estado vía certificaciones legales, pero desde plantas generadoras que usen renovables y que sean modernas no simples adaptaciones ni upgrades que, en resumen, es complicado que sean útiles a la hora de hacer sumas y restas.

Y  eso únicamente se logrará con inversión privada, con compañías altamente técnicas, eficientes, con planillas laborales no abultadas, con modelos de riesgo y gestión planificados y en libre mercado y competencia.

Los privados y los estados de Canadá y Estados Unidos pueden alegar y recurrir a arbitrajes contra esa ley que pretende retornara un modelo estatal rígido y generar consecuencias de largo plazo, no buenas, para México.

En todo caso AMLO no es muy querendón de las renovables, en meses pasados en un gran apagón eléctrico en varias regiones de México le echó la culpa a las renovables, a las empresas privadas y a todo el mundo, pero no se fijó en el problema real: tiene un pensamiento carbón-céntrico, fósil-céntrico, correspondiente a su edad y generación. No es su culpa, pero no va a adaptarse a los nuevos paradigmas.